Hace unos días asesorábamos a un cliente, dueño de un restaurante especializado en banquetes de boda, sobre la necesidad de la firma de un contrato que explique detalladamente los derechos y obligaciones específicos de cada parte, es decir, del restaurante y de quienes contratan el banquete.

 

La empresa organizadora del banquete debe adoptar un contrato básico, que firme conjuntamente con quien realice el encargo.  Ese documento debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes extremos:

1.- Es necesario que el documento que contenga esos derechos y obligaciones sea examinado con el cliente, quien debe tener la posibilidad de modular los términos del mismo; es decir, debe existir la posibilidad de negociación.

2.- No debe existir en el documento  desequilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, lo que supone, por ejemplo, que en el documento exista la previsión indemnizatoria para el caso de que la anulación se produjese  a instancia del restaurante, que se module el tiempo en el que la anulación se lleve a cabo, etc.

Sólo así se evitará la aplicación del artículo 10 bis 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que dispone: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”. Senalando ese mismo artículo que “el profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asumirá la carga de la prueba.”.