Hace unos días conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Austria había confirmado que el alquiler de viviendas privadas para uso turístico necesita la aceptación oficial de los vecinos del inmueble: Si los vecinos no están de acuerdo con el uso turístico de una vivienda no es posible y ello porque, según el propio Tribunal, el uso turístico de una vivienda puede dañar o deteriorar los intereses legítimos de otros propietarios del mismo edificio.

En España, también encontramos sentencias en las que algunas Comunidades de Propietarios han conseguido que los tribunales obliguen a dos empresas a cesar la actividad de alquiler de apartamentos turísticos. En el caso concreto de una de las Comunidades, los vecinos sufrían el abuso en el uso de servicios comunitarios como piscina, zonas de juegos, etc., además de aguantar ruidos por el comportamiento irrespetuoso de los turistas. En casos similares, los Tribunales consideran que el alquiler de apartamentos por días con fines turísticos vulnera el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal por tratarse de una actividad prohibida por los estatutos del inmueble, o porque resulta dañosa para la finca o porque contraviene las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Además, no es suficiente para la explotación de los apartamentos privados para uso turístico que estén inscritos en el Registro que algunas Comunidades autónomas crean al efecto. Estaremos atentos a las nuevas regulaciones al efecto (En Aragón todo indica que estará lista este otoño); es muy importante que se regule pronto y de modo adecuado sobre una realidad tan extendida. La regulación deberá conciliar los intereses de los propietarios de viviendas pero también de los vecinos; los primeros con derecho a arrendar su vivienda pero con obligación de que no se produzcan molestias a los vecinos, y los vecinos con derecho a que no se les causen perjuicios pero con la obligación de aceptar que un propietario alquile su apartamento por semanas o meses.

 

 

 


Hace unos días asesorábamos a un cliente, dueño de un restaurante especializado en banquetes de boda, sobre la necesidad de la firma de un contrato que explique detalladamente los derechos y obligaciones específicos de cada parte, es decir, del restaurante y de quienes contratan el banquete.

 

La empresa organizadora del banquete debe adoptar un contrato básico, que firme conjuntamente con quien realice el encargo.  Ese documento debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes extremos:

1.- Es necesario que el documento que contenga esos derechos y obligaciones sea examinado con el cliente, quien debe tener la posibilidad de modular los términos del mismo; es decir, debe existir la posibilidad de negociación.

2.- No debe existir en el documento  desequilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, lo que supone, por ejemplo, que en el documento exista la previsión indemnizatoria para el caso de que la anulación se produjese  a instancia del restaurante, que se module el tiempo en el que la anulación se lleve a cabo, etc.

Sólo así se evitará la aplicación del artículo 10 bis 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que dispone: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”. Senalando ese mismo artículo que “el profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asumirá la carga de la prueba.”.