Leído en el Consultor Jurídico (boletín nº 101) WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

  • Almudena Vigil    
  • Un dictamen de la autoridad catalana, ante la consulta del Colegio de Abogados de Sabadell, cree que “no resulta recomendable” emplear este medio de comunicación.

Almudena Vigil. El uso de Whatsapp por parte de los abogados para comunicarse con un cliente puede es desaconsejable. Un reciente dictamen de la Agencia catalana de Protección de Datos, considera que “no resulta recomendable” el empleo de esta aplicación ante el carácter especialmente sensible de la información que se maneja en estos casos y los riesgos de seguridad de esta plataforma.

El dictamen, del pasado 2 de julio, responde a la consulta que había sido planteada por el Colegio de Abogados de Sabadell al respecto, recordando que el abogado tiene un grado de responsabilidad específico respecto al tratamiento de los datos de sus clientes, que incluye la elección de los canales de comunicación más adecuados con sus clientes. Advierte de que Whatsapp explicita en la información de su página web que no pueden garantizar la seguridad de la información transmitida utilizando la aplicación.

La autoridad catalana explica que el uso de aplicaciones como Whatsapp en el marco de la relación abogado-cliente “puede generar un tratamiento de datos personales del propio abogado, de sus clientes, en el caso de que éstos se encuentren en la lista de los contactos del teléfono que utiliza el abogado, e incluso de terceras personas, que deben quedar protegidas por la normativa de protección de datos”.

Además, por la propia naturaleza de la relación entre abogados y clientes, es posible que algunas de las informaciones personales que se transmiten a través de las aplicaciones -los contenidos de algunos mensajes-, incorporen datos especialmente sensibles, datos que la normativa protege de forma reforzada (artículo 7 de la LOPD). Sería el caso, por ejemplo, de los datos de salud o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que es posible que se traten en el contexto de los mensajes enviados entre abogado y cliente. La información personal sensible que se podría comunicar entre los usuarios, explica la Agencia, no se limita a la que se puede contener en un mensaje de texto, sino que, por ejemplo, los archivos de imagen también podrían suponer el tratamiento de datos especialmente sensibles.

Según explica el abogado y experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Francisco Pérez-Bes, este dictamen “resulta tremendamente importante, pues pone de manifiesto los riesgos que implica el uso de este tipo de ‘apps’ y otros servicios de mensajería instantánea y de almacenamiento, cuyo uso generalizado y comodidad resultan innegables”. Y añade que se debe tener en cuenta que “el ejercicio de la abogacía exige que se den cumplimiento a otras obligaciones adicionales, como son –entre otras- la obligación de diligencia y secreto profesional”. En su opinión, con todo ello, “se hace patente la cada vez mayor necesidad de identificar qué aplicaciones y otras herramientas resultan adecuadas para gestionar esta relación entre abogado y cliente, pues de otro modo podemos estar incurriendo en infracciones legales y deontológicas graves”.

Riesgos para despachos

Este tipo de problemáticas hace que los despachos se muestren cautos en el uso de las nuevas tecnologías. El uso de nuevas herramientas como “la nube” implica una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Por ello, y a la espera de que vea la luz el nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, que regulará muchos aspectos como, por ejemplo, la computación en nube, el Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Protección de Datos elaboraron hace un año una guía para que los despachos de abogados puedan usar el ‘cloud computing’ con los criterios de seguridad que garanticen el secreto profesional y la salvaguarda de los datos.

Las recomendaciones de ambas instituciones no son en vano, y es que ya ha habido problemas con el uso de las nuevas tecnologías en el pasado. El cierre de Megaupload por parte del FBI en enero de 2012 causó problemas a algunos despachos. Este servidor era un lugar de almacenamiento de información en la ‘nube’ que no siempre se utilizaba para descargar contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. De hecho, muchas empresas, entre ellas los despachos, y particulares empleaban este servidor para volcar su información y acceder a ella desde cualquier lugar.

La intervención del FBI provocó que despachos norteamericanos y españoles se quedaran sin la valiosa información que almacenaban en Megaupload –como condenas penales o historiales-, con el problema añadido de que el FBI se negaba a devolverlo si no pagaban por los costes que había supuesto la búsqueda y mantenimiento de la información.