Leído en el Consultor Jurídico (boletín nº 101) WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

  • Almudena Vigil    
  • Un dictamen de la autoridad catalana, ante la consulta del Colegio de Abogados de Sabadell, cree que “no resulta recomendable” emplear este medio de comunicación.

Almudena Vigil. El uso de Whatsapp por parte de los abogados para comunicarse con un cliente puede es desaconsejable. Un reciente dictamen de la Agencia catalana de Protección de Datos, considera que “no resulta recomendable” el empleo de esta aplicación ante el carácter especialmente sensible de la información que se maneja en estos casos y los riesgos de seguridad de esta plataforma.

El dictamen, del pasado 2 de julio, responde a la consulta que había sido planteada por el Colegio de Abogados de Sabadell al respecto, recordando que el abogado tiene un grado de responsabilidad específico respecto al tratamiento de los datos de sus clientes, que incluye la elección de los canales de comunicación más adecuados con sus clientes. Advierte de que Whatsapp explicita en la información de su página web que no pueden garantizar la seguridad de la información transmitida utilizando la aplicación.

La autoridad catalana explica que el uso de aplicaciones como Whatsapp en el marco de la relación abogado-cliente “puede generar un tratamiento de datos personales del propio abogado, de sus clientes, en el caso de que éstos se encuentren en la lista de los contactos del teléfono que utiliza el abogado, e incluso de terceras personas, que deben quedar protegidas por la normativa de protección de datos”.

Además, por la propia naturaleza de la relación entre abogados y clientes, es posible que algunas de las informaciones personales que se transmiten a través de las aplicaciones -los contenidos de algunos mensajes-, incorporen datos especialmente sensibles, datos que la normativa protege de forma reforzada (artículo 7 de la LOPD). Sería el caso, por ejemplo, de los datos de salud o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que es posible que se traten en el contexto de los mensajes enviados entre abogado y cliente. La información personal sensible que se podría comunicar entre los usuarios, explica la Agencia, no se limita a la que se puede contener en un mensaje de texto, sino que, por ejemplo, los archivos de imagen también podrían suponer el tratamiento de datos especialmente sensibles.

Según explica el abogado y experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Francisco Pérez-Bes, este dictamen “resulta tremendamente importante, pues pone de manifiesto los riesgos que implica el uso de este tipo de ‘apps’ y otros servicios de mensajería instantánea y de almacenamiento, cuyo uso generalizado y comodidad resultan innegables”. Y añade que se debe tener en cuenta que “el ejercicio de la abogacía exige que se den cumplimiento a otras obligaciones adicionales, como son –entre otras- la obligación de diligencia y secreto profesional”. En su opinión, con todo ello, “se hace patente la cada vez mayor necesidad de identificar qué aplicaciones y otras herramientas resultan adecuadas para gestionar esta relación entre abogado y cliente, pues de otro modo podemos estar incurriendo en infracciones legales y deontológicas graves”.

Riesgos para despachos

Este tipo de problemáticas hace que los despachos se muestren cautos en el uso de las nuevas tecnologías. El uso de nuevas herramientas como “la nube” implica una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Por ello, y a la espera de que vea la luz el nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, que regulará muchos aspectos como, por ejemplo, la computación en nube, el Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Protección de Datos elaboraron hace un año una guía para que los despachos de abogados puedan usar el ‘cloud computing’ con los criterios de seguridad que garanticen el secreto profesional y la salvaguarda de los datos.

Las recomendaciones de ambas instituciones no son en vano, y es que ya ha habido problemas con el uso de las nuevas tecnologías en el pasado. El cierre de Megaupload por parte del FBI en enero de 2012 causó problemas a algunos despachos. Este servidor era un lugar de almacenamiento de información en la ‘nube’ que no siempre se utilizaba para descargar contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. De hecho, muchas empresas, entre ellas los despachos, y particulares empleaban este servidor para volcar su información y acceder a ella desde cualquier lugar.

La intervención del FBI provocó que despachos norteamericanos y españoles se quedaran sin la valiosa información que almacenaban en Megaupload –como condenas penales o historiales-, con el problema añadido de que el FBI se negaba a devolverlo si no pagaban por los costes que había supuesto la búsqueda y mantenimiento de la información.


Es fácil plasmar en una web de viajes críticas falsas para dañar la imagen de un hotel, pero también es sencillo incluir comentarios positivos del hotel,  escritos por el entorno del hotelero o incluso empresas contratadas con este fin.  Lo cierto es que es  habitual dejarse  influenciar por la opinión que otros dejan de un establecimiento en la red, de ahí la importancia de la reputación on line.

 Leíamos hace unos meses que algunos proveedores de servicios, como TripAdvisor, están intentando introducir herramientas de control para evitar la publicación de críticas falsas, pero lo cierto es que hasta que se haga, cualquiera pude introducir una opinión que eche por tierra la reputación de nuestro hotel. Y entonces ¿Podemos hacer algo?.

Poder podemos, pero no es una cuestión fácil de resolver. El Tribunal Supremo reconoce el derecho al honor de nuestro hotel y este reconocimiento es un punto de partida importante.  Siempre que se cumplan determinados requisitos,  todo juicio crítico o la información acerca de un hotel puede constituir una intromisión ilegítima en su honor. Pero, insisto, deben concurrir una serie de requisitos y no siempre es fácil .

En primer lugar y aunque resulte obvio, debo decir que la critica debe ser falsa. Aunque hiera o moleste, no toda opinión es intromisión ilegítima al honor. En este  caso, entran en juego los derechos a la libertad de expresión y de información, y si lo que se pretende es suministrar información sobre una situación determinada en un hotel, esos derechos  prevalecen sobre el derecho al honor. Debemos asumir la crítica  y considerarla una oportunidad para mejorar.

El hecho de que no prosperen las reclamaciones cuando la crítica sea verdadera, no significa que debamos tolerar los insultos. Una cosa es que informe sobre el trato recibido por el director o directora del hotel cuando se le planteó una queja  y otra es que se le califique “como mal educado o grosero” , puesto que estas expresiones exteriorizan un juicio personal del informador. No obstante,  encontramos que expresiones similares en unos casos han sido cubiertas por la libertad de expresión  y en otros casos constituyen intromisión ilegítima en el honor. ¡Siempre es difícil adelantar al cliente si el tribunal nos dará la razón!

En la mayor parte de los casos, la crítica en Internet es vertida por un usuario anónimo. Se pueden llegar a identificar, pero siempre con una orden judicial. En el caso de una intromisión ilegítima al honor si notificamos al titular de sitio web y le solicitamos que retire el contenido debería hacerlo, pues de lo contrario puede ser considerado responsable por no haber actuado de manera diligente para evitar la infracción.

Y para terminar, salvo casos muy flagrantes, suelo recomendar a mis clientes que resuelvan estos problemas con herramientas ajenas al Derecho.  Eliminar un contenido de Internet,  a veces produce un efecto contraproducente pues se le puede llegar a dar más difusión. Los comentarios negativos pueden  desaparecer en el  tiempo o diluirse entre otros más positivos. En cualquier caso, conviene monitorizar lo que se dice de nuestro hotel, hacer un seguimiento y tratar de contrarrestar las opiniones negativas.


SENTENCIA APM, Sección 28ª, S de 20 May. 2013
TRANSPORTE. Aéreo. Daños y perjuicios causados por cancelación de vuelo e incumplimiento de obligaciones asistenciales correspondientes. INDEMNIZACIÓN. Daño moral. Compatibilidad de la indemnización del daño moral con el derecho a compensación por pérdida de tiempo regulado en el Reglamento nº 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. Cambio del criterio dela Audiencia Provincial en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia dela Unión Europea, según la cual, la obligación de compensación no impide que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause también daños individuales que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización individual de dichos daños en las circunstancias previstas en el Convenio de Montreal. Apreciación en el caso de este daño moral, pues los demandantes invocaron en su demanda motivos de aflicción adicionales a la molestia natural que deriva de la pérdida de su tiempo, al aludir a la inquietud y tensión suplementarios que les generó el trato dispensado por la compañía demandada, quien, además de no ofrecerles transporte alternativo, se abstuvo de cumplir con ellos las obligaciones asistenciales previstas en el Reglamento 261/2004.

 


La falta de liquidez ha disparado la morosidad en España

Cuando los impagos amenazan la liquidez de tu negocio, el cobro de las deudas se convierte en una prioridad. Gestionar y, sobre todo prevenir la morosidad, se convierte en este caso en una estrategia de negocio que adquiere más relevancia ahora.  En Turismo y Deportes Abogados somos expertos en la materia. contacto@turismoydeportesabogados.com



Tal y como se indica en la ORDEN INT /1922/2003 DE 3 JULIO, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, todos los establecimientos de hostelería, camping, bungalows y otros alojamientos similares tienen la obligación de cumplimentar el libro-registro, así como la de presentar o remitir a las correspondientes Comisarías de Policía o Puestos de la Guardia civil, en su caso, el parte de entrada de viajeros, confeccionado con arreglo a modelo oficial.

Por lo tanto, antes esta obligación legal, habría que solicitar al cliente en la recepción el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte para efectuar un registro del viajero. El establecimiento, según lo dispuesto en la normativa ha de llevar un registro de todos los clientes que se alojan en sus dependencias y comunicar los datos a la Comisaría de Policía o, en defecto de ésta, a la Comandancia de la Guardia Civil correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo del alojamiento de cada viajero.

[contact-form][contact-field label='Nombre' type='name' required='1'/][contact-field label='Email' type='email' required='1'/][contact-field label='Sitio Web' type='url'/][contact-field label='Comentario' type='textarea' required='1'/][/contact-form]


Leí hace unos días que DOWN España había denunciado que un hotel impidió alojarse a un grupo de jóvenes con síndrome de Down en viaje de fin de curso porque “este tipo de personas podría molestar al resto de los clientes”.

Ello me ha llevado a reflexionar sobre este comportamiento y el tan mencionado pero desconocido derecho de admisión.

La normativa española , por ejemplo, la del Gobierno de Aragón (Decreto 23/2010 de 23 de febrero), define el derecho de admisión como la “facultad que tienen los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para determinar las condiciones de acceso y permanencia en los mismos, dentro de los límites establecidos legal y reglamentariamente“.

El derecho de admisión se ejercerá con respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales, sin que en ningún caso se produzca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Las condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión y permanencia a un local deben estar visadas por Interior y comunicadas a Turismo de la Comunidad Autónoma de que se trate junto con una copia del cartel donde las mismas se indiquen. Además deben ser razonables y respetar los derechos de los consumidores y usuarios fundamentalmente en lo relativo a la introducción de cláusulas abusivas. Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad.

Limitaciones de acceso a un establecimiento público

La ley regula las situaciones en las que los titulares de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, así como el personal dependiente de éstos, impedirán el acceso y la permanencia de las personas a sus instalaciones:

Cuando el aforo establecido se halle completo. En este caso los establecimientos habrán de colocar en la entrada un rótulo indicativo del aforo máximo permitido.

Cuando se cumpla el horario de cierre del local.

Cuando se haya iniciado el espectáculo o la actividad, de acuerdo con sus condiciones específicas.

Cuando la persona que pretenda acceder al espectáculo público, actividad recreativa o establecimiento público se encuentre en alguna de las circunstancias o manifieste alguno de los comportamientos siguientes:

-Dificultar el desarrollo del espectáculo o la actividad, o el funcionamiento normal del establecimiento.

-Carecer de la edad exigida.

-Manifestar actitudes violentas o comportamientos agresivos, provocar altercados y llevar símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia.

-Portar armas y otros objetos susceptibles de ser utilizados como tales, salvo que, de conformidad con lo dispuesto por la normativa específica aplicable, se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de escoltas privados integrados en empresas de seguridad privada inscritas para el ejercicio de dicha actividad, y accedan al establecimiento en el ejercicio de sus funciones.

-Poner en peligro o causar molestias a otros espectadores o usuarios.

-Consumir drogas o sustancias estupefacientes o mostrar síntomas de haberlas consumido, así como dar signos evidentes de embriaguez.

Publicidad

Las condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión y permanencia a un local deben figurar en un cartel perfectamente legible (como mínimo de 20 centímetros de alto por 30 de ancho), que deberá estar colocado en un lugar fácilmente visible desde la entrada, o en la taquilla (caso de locales y recintos a los que se acceda previa adquisición de una entrada o localidad).

Si la venta de estas entradas fuera por Internet, la web dispondrá de un apartado que permita visualizar con claridad y facilidad las condiciones, instrucciones o reglas particulares de admisión y permanencia.

 

 


Para que prospere una reclamación por robo cuando se han sustraído efectos en el interior de la habitación de un hotel, es necesario que  el robo se produzca estando los objetos en la caja fuerte  del hotel. Sólo en este caso podemos reclamarle con expectativas de éxito, siempre que hayamos cumplimentado, con anterioridad, una declaración de valor firmada por ambas partes en la que queden relacionados los efectos depositados en su interior. Hay que dejar constancia al hotel de lo depositado en la caja fuerte.

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el hotel tiene establecido un límite económico de responsabilidad a partir del cual no responde del robo de cantidades superiores. En este caso el hotel tiene la obligación de avisar al cliente del importe del referido límite.

El Tribunal Supremo, dictó sentencia el 8 de febrero del 2008, relativa a un matrimonio que sufrió el robo de dinero, joyas y fichas de casino del interior de la caja fuerte de la habitación del hotel en el que se alojaban. Reclamaron una indemnización de 36.000 euros. Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia condenó al hotel a pagar sólo 3.005 euros, dado que ésta era la cantidad que operaba como límite de su responsabilidad. Los clientes recurrieron y la Audiencia Provincial resolvió que, al no cumplir el hotel con su deber legal de advertir previamente a los huéspedes de que su responsabilidad por el robo estaba limitada a 3.005 euros, debía pagar los 36.000€ reclamados. El Tribunal Supremo confirmó en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia.


Una de las consultas realizadas por los clientes de “Turismo & Deportes Abogados” se refiere a las comunicaciones comerciales por vía electrónica. Acabo de responder a una y la comparto con todos vosotros pues puede ser de utilidad.

En el caso que se me ha planteado, un hotel envía por correo electrónico comunicaciones con promociones a personas que ya fueron clientes  y cuyos datos fueron obtenidos con ocasión de la contratación anterior.

En este supuesto, no es aplicable la prohibición del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, si bien es necesario que  cuando se recogieron los datos  y en cada una de las comunicaciones comerciales que se dirija se ofrezca la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito.

Cuando las comunicaciones son remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Fuera de este supuesto de contratación anterior, rige la prohibición (Artículo 21 de la Ley 34/2002) de envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.