Hace unos días conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Austria había confirmado que el alquiler de viviendas privadas para uso turístico necesita la aceptación oficial de los vecinos del inmueble: Si los vecinos no están de acuerdo con el uso turístico de una vivienda no es posible y ello porque, según el propio Tribunal, el uso turístico de una vivienda puede dañar o deteriorar los intereses legítimos de otros propietarios del mismo edificio.

En España, también encontramos sentencias en las que algunas Comunidades de Propietarios han conseguido que los tribunales obliguen a dos empresas a cesar la actividad de alquiler de apartamentos turísticos. En el caso concreto de una de las Comunidades, los vecinos sufrían el abuso en el uso de servicios comunitarios como piscina, zonas de juegos, etc., además de aguantar ruidos por el comportamiento irrespetuoso de los turistas. En casos similares, los Tribunales consideran que el alquiler de apartamentos por días con fines turísticos vulnera el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal por tratarse de una actividad prohibida por los estatutos del inmueble, o porque resulta dañosa para la finca o porque contraviene las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Además, no es suficiente para la explotación de los apartamentos privados para uso turístico que estén inscritos en el Registro que algunas Comunidades autónomas crean al efecto. Estaremos atentos a las nuevas regulaciones al efecto (En Aragón todo indica que estará lista este otoño); es muy importante que se regule pronto y de modo adecuado sobre una realidad tan extendida. La regulación deberá conciliar los intereses de los propietarios de viviendas pero también de los vecinos; los primeros con derecho a arrendar su vivienda pero con obligación de que no se produzcan molestias a los vecinos, y los vecinos con derecho a que no se les causen perjuicios pero con la obligación de aceptar que un propietario alquile su apartamento por semanas o meses.

 

 

 


Hace unos días asesorábamos a un cliente, dueño de un restaurante especializado en banquetes de boda, sobre la necesidad de la firma de un contrato que explique detalladamente los derechos y obligaciones específicos de cada parte, es decir, del restaurante y de quienes contratan el banquete.

 

La empresa organizadora del banquete debe adoptar un contrato básico, que firme conjuntamente con quien realice el encargo.  Ese documento debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes extremos:

1.- Es necesario que el documento que contenga esos derechos y obligaciones sea examinado con el cliente, quien debe tener la posibilidad de modular los términos del mismo; es decir, debe existir la posibilidad de negociación.

2.- No debe existir en el documento  desequilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, lo que supone, por ejemplo, que en el documento exista la previsión indemnizatoria para el caso de que la anulación se produjese  a instancia del restaurante, que se module el tiempo en el que la anulación se lleve a cabo, etc.

Sólo así se evitará la aplicación del artículo 10 bis 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que dispone: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”. Senalando ese mismo artículo que “el profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente asumirá la carga de la prueba.”.



Leído en el Consultor Jurídico (boletín nº 101) WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

  • Almudena Vigil    
  • Un dictamen de la autoridad catalana, ante la consulta del Colegio de Abogados de Sabadell, cree que “no resulta recomendable” emplear este medio de comunicación.

Almudena Vigil. El uso de Whatsapp por parte de los abogados para comunicarse con un cliente puede es desaconsejable. Un reciente dictamen de la Agencia catalana de Protección de Datos, considera que “no resulta recomendable” el empleo de esta aplicación ante el carácter especialmente sensible de la información que se maneja en estos casos y los riesgos de seguridad de esta plataforma.

El dictamen, del pasado 2 de julio, responde a la consulta que había sido planteada por el Colegio de Abogados de Sabadell al respecto, recordando que el abogado tiene un grado de responsabilidad específico respecto al tratamiento de los datos de sus clientes, que incluye la elección de los canales de comunicación más adecuados con sus clientes. Advierte de que Whatsapp explicita en la información de su página web que no pueden garantizar la seguridad de la información transmitida utilizando la aplicación.

La autoridad catalana explica que el uso de aplicaciones como Whatsapp en el marco de la relación abogado-cliente “puede generar un tratamiento de datos personales del propio abogado, de sus clientes, en el caso de que éstos se encuentren en la lista de los contactos del teléfono que utiliza el abogado, e incluso de terceras personas, que deben quedar protegidas por la normativa de protección de datos”.

Además, por la propia naturaleza de la relación entre abogados y clientes, es posible que algunas de las informaciones personales que se transmiten a través de las aplicaciones -los contenidos de algunos mensajes-, incorporen datos especialmente sensibles, datos que la normativa protege de forma reforzada (artículo 7 de la LOPD). Sería el caso, por ejemplo, de los datos de salud o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que es posible que se traten en el contexto de los mensajes enviados entre abogado y cliente. La información personal sensible que se podría comunicar entre los usuarios, explica la Agencia, no se limita a la que se puede contener en un mensaje de texto, sino que, por ejemplo, los archivos de imagen también podrían suponer el tratamiento de datos especialmente sensibles.

Según explica el abogado y experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Francisco Pérez-Bes, este dictamen “resulta tremendamente importante, pues pone de manifiesto los riesgos que implica el uso de este tipo de ‘apps’ y otros servicios de mensajería instantánea y de almacenamiento, cuyo uso generalizado y comodidad resultan innegables”. Y añade que se debe tener en cuenta que “el ejercicio de la abogacía exige que se den cumplimiento a otras obligaciones adicionales, como son –entre otras- la obligación de diligencia y secreto profesional”. En su opinión, con todo ello, “se hace patente la cada vez mayor necesidad de identificar qué aplicaciones y otras herramientas resultan adecuadas para gestionar esta relación entre abogado y cliente, pues de otro modo podemos estar incurriendo en infracciones legales y deontológicas graves”.

Riesgos para despachos

Este tipo de problemáticas hace que los despachos se muestren cautos en el uso de las nuevas tecnologías. El uso de nuevas herramientas como “la nube” implica una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Por ello, y a la espera de que vea la luz el nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, que regulará muchos aspectos como, por ejemplo, la computación en nube, el Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Protección de Datos elaboraron hace un año una guía para que los despachos de abogados puedan usar el ‘cloud computing’ con los criterios de seguridad que garanticen el secreto profesional y la salvaguarda de los datos.

Las recomendaciones de ambas instituciones no son en vano, y es que ya ha habido problemas con el uso de las nuevas tecnologías en el pasado. El cierre de Megaupload por parte del FBI en enero de 2012 causó problemas a algunos despachos. Este servidor era un lugar de almacenamiento de información en la ‘nube’ que no siempre se utilizaba para descargar contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. De hecho, muchas empresas, entre ellas los despachos, y particulares empleaban este servidor para volcar su información y acceder a ella desde cualquier lugar.

La intervención del FBI provocó que despachos norteamericanos y españoles se quedaran sin la valiosa información que almacenaban en Megaupload –como condenas penales o historiales-, con el problema añadido de que el FBI se negaba a devolverlo si no pagaban por los costes que había supuesto la búsqueda y mantenimiento de la información.


Es fácil plasmar en una web de viajes críticas falsas para dañar la imagen de un hotel, pero también es sencillo incluir comentarios positivos del hotel,  escritos por el entorno del hotelero o incluso empresas contratadas con este fin.  Lo cierto es que es  habitual dejarse  influenciar por la opinión que otros dejan de un establecimiento en la red, de ahí la importancia de la reputación on line.

 Leíamos hace unos meses que algunos proveedores de servicios, como TripAdvisor, están intentando introducir herramientas de control para evitar la publicación de críticas falsas, pero lo cierto es que hasta que se haga, cualquiera pude introducir una opinión que eche por tierra la reputación de nuestro hotel. Y entonces ¿Podemos hacer algo?.

Poder podemos, pero no es una cuestión fácil de resolver. El Tribunal Supremo reconoce el derecho al honor de nuestro hotel y este reconocimiento es un punto de partida importante.  Siempre que se cumplan determinados requisitos,  todo juicio crítico o la información acerca de un hotel puede constituir una intromisión ilegítima en su honor. Pero, insisto, deben concurrir una serie de requisitos y no siempre es fácil .

En primer lugar y aunque resulte obvio, debo decir que la critica debe ser falsa. Aunque hiera o moleste, no toda opinión es intromisión ilegítima al honor. En este  caso, entran en juego los derechos a la libertad de expresión y de información, y si lo que se pretende es suministrar información sobre una situación determinada en un hotel, esos derechos  prevalecen sobre el derecho al honor. Debemos asumir la crítica  y considerarla una oportunidad para mejorar.

El hecho de que no prosperen las reclamaciones cuando la crítica sea verdadera, no significa que debamos tolerar los insultos. Una cosa es que informe sobre el trato recibido por el director o directora del hotel cuando se le planteó una queja  y otra es que se le califique “como mal educado o grosero” , puesto que estas expresiones exteriorizan un juicio personal del informador. No obstante,  encontramos que expresiones similares en unos casos han sido cubiertas por la libertad de expresión  y en otros casos constituyen intromisión ilegítima en el honor. ¡Siempre es difícil adelantar al cliente si el tribunal nos dará la razón!

En la mayor parte de los casos, la crítica en Internet es vertida por un usuario anónimo. Se pueden llegar a identificar, pero siempre con una orden judicial. En el caso de una intromisión ilegítima al honor si notificamos al titular de sitio web y le solicitamos que retire el contenido debería hacerlo, pues de lo contrario puede ser considerado responsable por no haber actuado de manera diligente para evitar la infracción.

Y para terminar, salvo casos muy flagrantes, suelo recomendar a mis clientes que resuelvan estos problemas con herramientas ajenas al Derecho.  Eliminar un contenido de Internet,  a veces produce un efecto contraproducente pues se le puede llegar a dar más difusión. Los comentarios negativos pueden  desaparecer en el  tiempo o diluirse entre otros más positivos. En cualquier caso, conviene monitorizar lo que se dice de nuestro hotel, hacer un seguimiento y tratar de contrarrestar las opiniones negativas.


SENTENCIA APM, Sección 28ª, S de 20 May. 2013
TRANSPORTE. Aéreo. Daños y perjuicios causados por cancelación de vuelo e incumplimiento de obligaciones asistenciales correspondientes. INDEMNIZACIÓN. Daño moral. Compatibilidad de la indemnización del daño moral con el derecho a compensación por pérdida de tiempo regulado en el Reglamento nº 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos. Cambio del criterio dela Audiencia Provincial en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia dela Unión Europea, según la cual, la obligación de compensación no impide que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause también daños individuales que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización individual de dichos daños en las circunstancias previstas en el Convenio de Montreal. Apreciación en el caso de este daño moral, pues los demandantes invocaron en su demanda motivos de aflicción adicionales a la molestia natural que deriva de la pérdida de su tiempo, al aludir a la inquietud y tensión suplementarios que les generó el trato dispensado por la compañía demandada, quien, además de no ofrecerles transporte alternativo, se abstuvo de cumplir con ellos las obligaciones asistenciales previstas en el Reglamento 261/2004.

 


La falta de liquidez ha disparado la morosidad en España

Cuando los impagos amenazan la liquidez de tu negocio, el cobro de las deudas se convierte en una prioridad. Gestionar y, sobre todo prevenir la morosidad, se convierte en este caso en una estrategia de negocio que adquiere más relevancia ahora.  En Turismo y Deportes Abogados somos expertos en la materia. contacto@turismoydeportesabogados.com